El incremento de la tasa del 11% al 16% fue reclamado como inconstitucional, porque desestimula el crecimiento de las quejosas en contravención del artículo 25 constitucional, toda vez que el aumento porcentual de 5 puntos, con una representación real de 45% impacta la productividad y el consumo. Cuando estos dos factores: productividad y consumo, se ven mermados por tasas impositivas, como la que hoy se reclama, que generan un nivel de incertidumbre en sus efectos y consecuencias, como el provocado con la derogación del artículo 2 de la ley del IVA, que restringe automáticamente el crecimiento y desestimula el consumo, toda vez que no permiten 1.-estabilizar la economía de las personas, por el incremento impositivo que demandará nuevos recursos para adquirir insumos, 2.- porque el aumento no privatiza, es decir, no genera herramientas suficientes que hagan presumir condiciones de competitividad para los pagadores, sino por el contrario, los desestimula y 3.- porque no liberaliza, entendida ésta como el conjunto de condiciones para lograr estimular el crecimiento económico de las personas.
El que se desestimule el crecimiento de la región, mediante el desaliento del consumo de bienes o servicios, deja vulnerable a las quejosas, porque la política pública15 no puede estar basada sólo en una necesidad de recursos, sino que debe sustentarse en un conjunto de elementos que garanticen la competitividad local y regional a fin de que el capital social se estimule, pues la productividad genera competitividad, mientras que el consumo, alienta el crecimiento económico. Por lo anterior, resulta lógica la violación al artículo 25 y 31 fracción IV de la Constitución federal, toda vez que la tasa aumentada, desalienta el crecimiento económico de las quejosas, al impedirles tener condiciones de competitividad que se reflejan con reglas y leyes claras, estables y ciertas que le permitan potencializar su crecimiento y no deteriorar su nivel de desarrollo.
15 La política económica es el eje fundamental de la política de desarrollo, siempre que se vincule a los criterios de asignación de recursos; de integración regional, interacción de las relaciones económicas nacionales e internacionales y siempre que se base en una política de precios, planificación de desarrollo y control de la intervención estatal. RODRÍGUEZ, Octavio. La teoría del subdesarrollo de la CEPAL, Siglo XXI, editores; 1989, pág. 151.